Fiscalización financiera de las Fuerza Armadas y de Orden
Cada año, un día 19 de septiembre, celebramos las Glorias del Ejército y, como tradición republicana, desfilan por un hermoso parque las tropas de todas las ramas de las Fuerza Armadas y de Orden, sintiendo orgullo por ellas. Nos sentimos protegidos y durante varias horas se exaltan valores como el honor, gallardía, disciplina, entre muchos otros.
Este año no será la excepción pero, como hemos leído en la prensa, con dolor y tristeza nos hemos enterado de hechos vinculados a manejos oscuros de dineros y problemas financieros vinculados al Ejército y a Carabineros de Chile. Esta última institución, hasta hace poco, lograba una aprobación ciudadana del 56% pero con estos escándalos, se ha desplomado dramáticamente en estos últimos meses. Más de 25.000 millones de pesos, más de 90 imputados, funcionarios en servicios y ex funcionarios involucrados en una de las más grandes defraudaciones de toda la historia de Chile. Claro está, son unos cuantos, no se mancha la institución señera, pero por supuesto que la deja seriamente cuestionada ante todos los chilenos.
Entonces, frente a este triste episodio, sumado a las recientes informaciones sobre excesivos gastos en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas que serán investigadas penal y administrativamente, es imperativo reflexionar en las posibles soluciones concretas que logren recuperar las confianzas y el buen manejo de los recursos financieros.
Como diagnóstico, aparece como evidente una excesiva autonomía en el manejo de los fondos públicos, lo que conlleva elevar las tentaciones para desviar recursos de manera ilícita y/o inadecuada. Pues bien, no cabe duda que deben modernizarse los sistemas de fiscalización, sugiriendo aumentar el control de la institución constitucional que se encarga de las cuestas fiscales, sin distinción alguna: la Contraloría General de la República. Es este organismo, dotado de recursos, libre de presiones de los gobiernos de turno y con una planta de personal adecuada, quien debe ser el guardián de los recursos fiscales y, en el caso de las Fuerzas Armadas, conformar unidades especializadas de civiles y militares del más alto nivel logístico, sometidos a estricta reserva debida a la información sensible y de seguridad nacional que podrían saber y manejar pero, siempre sometidos al mismo estándar del jefe superior del servicio: un civil llamado Contralor General. Al existir esta mayor profesionalización del servicio de rendición de cuentas, las Fuerzas Armadas dejarán de ser «juez y parte», con sus fiscalías internas, sometidas a la cadena de mando y jerarquía. De esta manera, todos los manejos de dineros deben ser puestos a disposición de profesionales del más alto nivel, con la más alta reputación, reitero, civiles y militares, que nos den garantías de rigurosidad.
En fin, se trata de una agenda modernizadora en el control fiscal de cuentas de nuestras Fuerzas Armadas para que retorne la sobriedad y el buen uso de recursos.
Si deseamos que gran parte de los recursos económicos se destinen a los más vulnerables y reducir así las desigualdades que nos irritan, es un deber ético y legal preocuparnos que todas las instituciones fiscales y públicas utilicen adecuadamente los limitados recursos de todos los chilenos.
Profesor de Derecho Penal y Abogado Universidad de Chile.
