Las últimas batallas del gobierno
La reforma al sistema de pensiones, el cambio al capítulo 15 de la Constitución y la reforma a la educación superior. Son las tres grandes batallas que el gobierno debe enfrentar en el Congreso antes que acabe la segunda administración de Bachelet y que pueden comenzar a definir cómo la historia recordará el periodo 2014-2018 de nuestro país.
En lo que corresponde a los cambios en nuestro sistema previsional. El gobierno se prepara para enviar un proyecto de ley al Congreso que busca aumentar en un 5% las cotizaciones. Además, se creará un nuevo ente estatal que administrará el 5% extra; el cual se dividirá en un 3% para las cuentas individuales de cada trabajador y un 2% para fines redistributivo. Sin embargo, el mismo gobierno informó que aún quedan un par de meses y detalles que afinar antes que el proyecto llegue al Poder Legislativo.
Por otro lado, a principios de abril la Presidenta firmó un proyecto que da el vamos al largo camino del cambio constitucional, centrado particularmente en el capítulo 15 de nuestra carta magna. En concreto, este proyecto busca agregar el artículo 130 a la Constitución la cual establece que, en el Congreso Nacional con el voto conforme de dos tercios de los Senadores y Diputados en ejercicio se podrá citar a una Convención Constitucional para la elaboración de una nueva carta fundamental. Pero esta importante batalla aún no comienza su avance por nuestro Poder Legislativo y al igual que en la reforma al sistema de pensiones quedan varios detalles por resolver.
En ese sentido, la reforma a la educación superior es el flanco donde las escaramuzas del gobierno van más avanzadas. Sobre todo, luego que la Cámara Baja aprobara la idea de legislar respecto al tema. Este proyecto es de vital importancia para la administración Bachelet, pues responde a una de las promesas más emblemáticas que la mandataria hizo durante su campaña: la gratuidad universitaria.
Es cierto que hoy la gratuidad es una realidad para los primeros cinco deciles, traduciéndose en que más de cien mil alumnos estudian gratis en la educación superior. El problema es que el beneficio está lejos de ser una política pública, pues en la actualidad se financia por glosa presupuestaria, es decir, la gratuidad universitaria no es una ley, sino un ítem en el presupuesto anual de la República. Esta particular situación busca ser cambiada con la reforma del gobierno, la cual regularía la gratuidad, dejándola institucionalizada en nuestra legislación. Lo relevante de concretar este reglamento es que asegurará el beneficio a miles de estudiantes que hoy dependen de la voluntad presupuestaria y que sin la ley el próximo mandatario podría acabar con este beneficio sin inconvenientes. No obstante, la gratuidad es solo una de las aristas de esta ambiciosa reforma que entre otras cosas contempla; una nueva Subsecretaria de Educación Superior y la obligación de la acreditación institucional.
En la recta final del segundo gobierno de Bachelet, en La Moneda comienzan las últimas pugnas y a construir el camino para proyectos emblemáticos de su gestión. Jugándose en dichas reformas el legado que su administración dejará a nuestro país. Ante esto la pregunta que uno debe hacerse es ¿la administración Bachelet será capaz de salir airosa de estas tres monumentales batallas que le quedan por dar?
Cientista Político Magister en Política Públicas de Universidad de Chile, Docente Universitario, Director Administración Pública Advance USS.
