¿Es la pena de muerte una política pública eficiente?

Hace ya más de 15 años que nuestro país decidió unirse a la tendencia mundial de derogar la pena capital, sin embargo el devastador caso de Sophia, en Puerto Montt, ha vuelto a poner en la contingencia este tipo de castigo. Esto debido a que un grupo de ciudadanos hoy demandan la restitución de esta pena, ya que señalan que atrocidades como estas merecen no solo un castigo ejemplificador que disuada a futuros criminales a realizar actos de este tipo, sino también, que esta sanción es un pago justo para aquellos que cometen actos de esta calaña.

Esta situación da paso a un debate algo incómodo para nuestros legisladores y clase política, ya que toca uno de los temas más oscuros de una república democrática como la nuestra. Preguntarse si ¿el Estado debe terminar con la vida de los criminales? Es uno de los cuestionamientos más complejos de responder, debido a las implicancias morales y éticas que despierta este tema. En ese sentido, lo primero que se debe analizar antes de responder si Chile debe considerar como castigo la muerte, es si esta sanción es realmente efectiva.

Los dos argumentos más comunes para avalar la pena de muerte son el pago justo y el efecto disuasivo, sin embargo el primero no es valido para la sociedad de hoy. Ya que pensar en la muerte de una persona a manos del Estado como castigo equivalente por una acción es un retroceso a la época del ojo por ojo del código de Hammurabi (unos 4000 años atrás). El sistema penal de nuestro tiempos entiende que los países no se pueden rebajar al mismo nivel que un criminal y que nada se arregla con quitarle la vida a una persona; la violencia no se soluciona con más violencia.

Sin embargo, el segundo argumento parece tener algo más de validez práctica, ya que ciertamente el hecho de tener la pena capital como posible castigo podría sin duda disuadir a las personas de cometer el delito. Si por ejemplo en Chile se castigara el manejo bajo la influencia del alcohol con pena de muerte, de seguro bajarían los accidentes de tránsito. El problema con esta lógica argumentativa es claro, aun cuando esta sanción funciona como elemento disuasorio, no la podemos considerar como una herramienta valida para todo los casos, ya que como queda claro en el ejemplo anterior, no parece ser un castigo proporcionado para todos los delitos.  

Es aquí donde crimines brutales como el de Sophia, comienzan a relacionarse con la pena capital, ya que son este tipo de situaciones las que se podrían evitar con un castigo tan drástico como la pena de muerte, pero ¿es esto efectivo?

Lo cierto es que hoy en el mundo no existe ningún estudio que pueda afirmar que la pena de muerte genere un efecto disuasivo en crímenes como asesinatos con dolo o con agresiones sexuales (inclusive tráfico de drogas). Es más, si uno mira investigaciones de países con este castigo como Estado Unidos, se da cuenta que incluso es más efectivo aumentar los años de cárcel que la pena capital cuando se trata de bajar la tasa de delitos.

Todos estos estudios tienden a concluir que la pena de muerte no funciona en la disminución de estos crímenes por la complejidad de la mente criminal. Las personas que cometen estas atrocidades no se ven influidas por el incentivo de perder la vida, no toman en cuenta el castigo antes de cometer el o los delitos. Esto es especialmente cierto para los crímenes más retorcidos como el de Sophia donde lo primero que uno cuestiona es la mente del perpetuador.

Por esto aun cuando no hay duda que la pena capital es un castigo disuasivo, solo genera este efecto en crímenes donde dicha sanción parece desproporcional, pero para aquellos casos donde podría parecer un castigo acorde este efecto deja de funcionar. Si uno mira los países que han logrado bajar la tasa de crímenes de este tipo, nos encontramos con estados como Canadá que han buscado otras soluciones de política pública, asociadas a programas de prevención y educación. Estas políticas ciertamente son más cara de implementar que la pena de muerte, sin embargo, la efectividad de estas no solo está probada, sino también liberan a los países del cuestionamiento moral que implica que su Estado pueda acabar con la vida de sus ciudadanos.

Ante crímenes tan atroces como el que se vivió en Puerto Montt, ciertamente la sociedad tiende a cuestionarse que se puede hacer para evitar que más tragedias como estas vuelvan a ocurrir, y en ese escenario pedir endurecer las penas o castigos es una postura legitima. Sin embargo, la pena capital ha demostrado ser no solo un política pública poco efectiva en la reducción de delitos, sino también ser una herramienta asociada a la venganza de la sociedad, más que un elemento que mejore el bien común de un Estado. Por lo que aun cuando este tema despiertes pasiones validas en la ciudadanía, si efectivamente queremos acabar con ese tipo de delitos debemos comenzar a ser más racionales y pensar en las políticas más eficiente que tengan un impacto real en la disminución de estos crímenes. En otras palabras, privilegiar prevención y educación sobre el castigo.

Lucas Serrano Barraza

Cientista Político con Magister en Política Públicas de Universidad de Chile (c), Docente Universitario, y amante de los asuntos públicos.

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