Adiós Intendentes
Hace un par de años, durante el proceso de profundización de la democracia que llevo a cabo el Gobierno de Sebastián Piñera, se dio un giro importante a la estructuración de los Gobiernos Regionales. Este se enfocó en los miembros del Consejo Regional, los cuales hasta ese entonces eran designado por los partidos políticos. Gracias a este cambio, estos miembros pasaron a ser electos por la ciudadanía, esto con el fin de acercar a las personas a sus gobiernos regionales. Dicha innovación se vio plasmada en las elecciones del 2013, donde la ciudadanía no solo votó por parlamentarios y Presidente, sino también por los ‘Cores’. Esta elección que pasó bastante desapercibida por la gente, marcó un hito en el proceso de descentralización política, y fue la primera piedra de un largo camino que hasta el día de hoy seguimos construyendo.
Como consecuencia de este cambio, las miradas se pusieron en la figura del Intendente, quien a pesar de no ser electo democráticamente seguía siendo quien presidia el Consejo Regional (Consejo que está compuesto por los Cores). Esto parecía ser un contra sentido, ya que tener un Consejo Regional electo por la ciudadanía, no parecía ser tan democrático y descentralizador, si quien lo presidia era designado a dedo desde el Gobierno Central.
En esta lógica comenzó a ser evidente que, si queríamos seguir avanzando en la descentralización política, la figura del Intendente tenía que cambiar y evolucionar a una que estuviera acorde a la nueva identidad democrática del Consejo Regional. Por esto que, de cara a la elección del 2017, nuestro poder político decidió complementar la elección de Cores, con la primera elección popular de Intendentes.
Todo esto nos lleva a la actualidad, ya que después de una tramitación bastante quitada de bulla en nuestro Congreso, salió humo blanco. Y como ya es costumbre con nuestro poder legislativo, la legislación que obtuvimos fue un hibrido cojo que dista en algún grado de la idea original. Lo que si queda claro en esta nueva ley es que llego a su fin la figura del Intendente, cambiando de esta manera, la forma en que las administraciones regionales funcionan.
Ante esta nueva realidad son varias las preguntas que uno debe hacerse: ¿Cómo se administrarán ahora los gobiernos regionales? ¿Si se acabaron los intendentes, que figura los reemplaza? ¿Quién será ahora el delegado del Gobierno Central en las regiones?
Lo primero que debemos saber de esta nueva legislación es que separa la figura del Intendente en dos, separando su rol de ser quien preside el Consejo Regional, de su rol como máxima autoridad de Gobierno en la región. Por eso se crean dos nuevos cargos que remplazaran al Intendente. El primero de ellos es la figura de ‘Gobernador Regional’ el cual será un cargo elegido a través de elección popular, y será quien presida el Consejo Regional. Mientras que la segunda figura es el ‘Delegado Presidencial Regional’, el cual asumirá el rol de coordinar los servicios de Gobierno la región. convirtiéndose de esta manera en la máxima autoridad del poder central en la zona. Junto con esta última figura, se reemplazan a los Gobernadores Provinciales, por los ‘Delegados Presidenciales Provinciales’, para no confundir estos cargos con el nuevo Gobernador Regional.
Sin embargo, no hay mucho más que se pueda extraer de esta nueva legislación. La clara definición de las funciones de los dos cargos que reemplazan a nuestro actual Intendente quedó para futura discusión parlamentaria. Por lo que en la actualidad estas nuevas figuras aun no tienen definida sus atribuciones y funciones de manera cabal, dejando un amplio espacio para la especulación sobre cuál va ser el rol real de estos nuevos cargos.
Esta particularidad que parece llamativa, no es nueva en los temas de regionalización. En el caso ya mencionados de la elección los de Cores, ocurrió algo similar. Ya que cuando cambiaron los roles de los miembros del Consejo Regional para convertirlos en cargos de elección popular, se demoraron bastante en clarificar y en definir cuál serían las funciones de estos nuevos Cores electos por la ciudadanía. Tanta fue la tardanza aquella vez, que los primeros Consejeros Regionales electos democráticamente asumieron su cargo sin que la ley que definía sus funciones estuviera aprobada. Esto incluso llevo a que algunos Consejos Regionales (como el de la octava región), iniciaran procesos de huelga para apurar la tramitación de dicha ley.
La poca claridad de las funciones de estas nuevas figuras, y la discusión entorno sus atribuciones, es una de las aristas que estaría impidiendo que la elección de gobernadores regionales debute este 2017. Sin embargo, no es la única piedra de tope, ya que dentro del bloque de Gobierno existen diferencias sobre los requisitos para postular a dicho cargo, y no sobre los requisitos formales como la edad, sino sobre las inhabilidades para postular a ser Gobernador Regional. En particular es un tipo de impedimento en específico el que hoy divide al Gobierno, y este es la inhabilidad que tendrían los parlamentarios en ejercicio para postular a este cargo.
El problema en dicho punto radica en que hoy el proyecto del Gobierno sobre las funciones y atribuciones de los Gobernadores Regionales, permite que un Diputado en ejercicio pueda postular sin tener que renunciar a su cargo, lo que no tiene a todos muy contentos. Ya que detrás de esta concesión para los diputados se esconde la visón de que este cargo solo sea visto como otro botín político más para los partidos, y que los miembros de la Cámara Baja puedan aprovecharse de su privilegiada plataforma para tener mejor opción de ganar en dichos comicios. Posición que les sería mucho más ventajosa, no tendrían que renunciar a su cargo de Diputado mientras son candidatos a Gobernadores Regionales.
Por lo tanto, aun cuando nuestro Congreso Nacional despachó la ley que pone fin con los intendentes, la falta de claridad sobre las atribuciones de los nuevos cargos, y los apetitos políticos tienen entrampado el debut de los Gobernadores Regionales para este 2017. Sin embargo, el hecho de que la persona que preside el Consejo Regional sea electa democráticamente, parece ser un paso en el sentido correcto en post de la descentralización. Esto debido a que el ‘jefe’ de estos gobernadores regionales, ya no sería el Gobierno Central; como pasa en la actualidad con los intendentes, sino que quien mandatarían a la máxima autoridad regional, serían las personas, las cuales a través de sus sufragios son quienes deciden quien llevará las riendas de su región cada 4 años.
Esto no quiere decir que este cambio sea perfecto, y este libre de cuestionamientos, ya que existen grandes desafíos para este nuevo cargo. En ese sentido, dependiendo de como se resuelvan estos desafíos uno podría evaluar si esta nueva figura de elección popular es un aporte real para el país y la descentralización, o es simplemente otro espacio de poder al cual los partidos quieren hincar el diente. En esta lógica el fenómeno de la ‘cohabitación’ es uno de los que más prende alerta. Este fenómeno bastante estudiado por la ciencia política, puede ocurrir cuando existan gobernadores regionales que sean de conglomerados político distintos al que se encuentre ocupando el Gobierno. Esto no deja de ser preocupante, ya que en dicho escenario, si la ley no es clara, se podría favorecer a los Gobernadores de un color político (los que son del oficialismo), sobre otros (los de oposición). Por ultimo otro gran cuestionamiento que se presenta ante esta nueva figura es si dada la baja participación política que existe en nuestro país, un nuevo cargo de elección popular podrá ser la respuesta para que las regiones comiencen a tener más protagonismo o puedan golpear la mesa frente al exacerbado centralismo de nuestro país. Y es en ese sentido que tener un Gobernador Regional que no sea de ‘exclusiva confianza del Presidente’ (como pasa en la actualidad), podría permitir que nuestras autoridades regionales puedan tomar posturas más duras y rebeldes frente al Gobierno Central.
En conclusión, aun cuando esta nueva figura parece ser un paso en el sentido correcto, se necesita una institucionalidad sólida, y una voluntad política real hacia la descentralización, para que estos cambios tengan un impacto positivo en la larga lucha de nuestro país contra su exacerbado centralismo.
Cientista Político Magister en Política Públicas de Universidad de Chile, Docente Universitario, Director Administración Pública Advance USS.
