La Política como profesión ¿Acaso creamos un sistema perverso?
‘Hay que vivir para la política y no de la política’, detrás de esta frase se esconde la máxima que el sociólogo alemán Max Weber impuso cuando sentó las bases de la política como profesión. Sin embargo, dado nuestro alicaído sistema político, cuesta creer que nuestros servidores públicos vivan siguiendo dicha máxima. A la luz de los diversos escándalos que han sacudido nuestro sistema político; los cuales van desde pensiones abultadas a políticos recibiendo pagos de grandes empresas, nos cuesta creer que nuestra casta política viva para servir a la ciudadanía, por el contrario, pareciera que solo buscan mantener y aumentar los privilegios a los que tienen acceso.
Ante esto cabe preguntarse ¿cómo erradicar estas prácticas? ¿cómo lograr que la actividad política sea vista como el noble interés por los asuntos públicos? ¿Cuál es el curso de acción que la ciudadanía debería tomar para lograr que su representación política deje de buscar el interés propio y se enfoque en el correcto desempeño de sus labores?
Una de las respuestas rápida a esta interrogante sería cambiar a nuestra clase política, comenzar a favorecer a los políticos que salen de la lógica de la elite gobernante. De esta manera, poco a poco proyectos como el de los diputados Boric y Jackson -de bajar la dieta parlamentaria- dejarían de ser le excepción y comenzarían a ser la regla general. Sin embargo, luego de la conocida situación del Diputado Iván Fuentes, uno no puede sino preguntarse si el problema va más allá de nuestros políticos, si años de malas prácticas y arreglos tras bambalinas no solo crearon servidores públicos cuestionables, sino también un sistema perverso; que fomenta las malas prácticas dentro de nuestro sistema político.
Es en ese sentido, hoy es posible identificar dos grandes problemas con nuestro sistema político que fomentan las malas prácticas: Las barreras de entrada y la lógica de incentivos. Para entender el problema de las barreras de entrada volvamos al caso del Diputado Fuentes, el cual entre lágrimas decía que aceptar esos dineros era la única forma para ‘que una persona como él’ pudiera llegar al Congreso. Detrás de ese clásico discurso de ‘el fin justifica los medios’ se esconde una gran verdad de nuestro sistema de elecciones, los costos de ser una carta viable electoralmente son altísimos. Con el tiempo este proceso se ha convertido en una danza de millones de pesos, los cuales se destinan a empapelar ciudades enteras con propaganda, entre otros gastos. Esto hace que una elección senatorial exitosa en la octava región (por dar un ejemplo), supere ampliamente los 300 millones de pesos. La consecuencia lógica de esto es que se excluye a las personas que no tienen acceso a la estratosférica suma de dinero que se necesita para ganar una elección, dejando en carrera a los individuos que poseen dicho capital (que son la minoría) o abre la puerta para que los candidatos tengan que ser financiados por empresas y privados; lo que da paso al cuestionado sistema de financiamiento que tenemos hoy. Es cierto que han existido casos donde personas con campañas humildes e imaginativas han logrado romper dichas barreras de entrada, sin embargo, la norma general sigue exigiendo montos altísimos de dineros para que las personas puedan sortear con éxito un proceso eleccionario. Esto lleva a que las personas que quieran dedicarse a la política que acudir a las empresas para poder financiar su encrucijada, las cuales muchas veces esperan algo a cambio de su generosa donación.
El segundo fenómeno que fomenta las malas prácticas en nuestro sistema político es la escala de incentivos. Desde el 2014 hasta la fecha nos hemos enterado de irregularidades que van desde boletas ideológicamente falsas, hasta párrafos de legislaciones copiadas de mails. Lo cierto es que cuando nuestros legisladores realizaron estas actividades cuestionables, sabían que no estaban actuando en pos del bien común o de la ciudadanía. Sin embargo, al momento de sopesar sus opciones son los incentivos los que los llevaron a tomar un curso de acción sobre el otro. Por cómo funciona nuestra legislación actual, no existen castigos ejemplificadores que disuadieran a no tomar dichos cursos de acción. Por otro lado, los beneficios que obtenían al llevar a cabo estas acciones –cuestionables- eran altos, ciertamente más altos que los castigos. En otras palabras, hemos creado un sistema donde los incentivos están mal elaborados, haciendo ver más atractivo el beneficio de obrar mal, sobre la reprimenda en hacerlo. Esto no quiere decir que los políticos que hoy están en el ojo del huracán sean unas blancas palomas víctima de un sistema de incentivos mal elaborados, sin embargo, es importante que hoy que estamos en un proceso de cambios estructurales, se establezcan castigos que lleven a los políticos a pensar dos veces antes de ir en contra del mandato de la ciudadanía para seguir intereses propios.
Cientista Político Magister en Política Públicas de Universidad de Chile, Docente Universitario, Director Administración Pública Advance USS.