Iniciativa Ciudadana, más que un derecho, un deber de las Democracias del Siglo XXI

No existe un modelo estándar de democracia, pero el concepto en sí define que el poder radica en el pueblo. Es decir, la soberanía (poder) recae en la ciudadanía, pero no define la fórmula en la que esta lo ejerce.

En Chile, fórmula es indirecta ¿Qué significa esto? Pues significa que la ciudadanía designa, mediante elección, a un conjunto de representantes para que decidan la conducción del país. Fórmula que en teoría política se denomina como “Democracia Representativa o Indirecta”.

La fórmula de democracia indirecta, es básicamente lo que todas y todos entendemos por democracia, ya que históricamente el mundo occidental ha elegido a un conjunto de representantes para decidir la conducción de los Estados, a excepción de antigua la Atenas de Pericles.

Entendibles razones son las que sustentan el uso de esta fórmula de “Democracia Representativa o Indirecta”. Principalmente su practicidad y orden, porque ¿Imagina usted a 19 millones de personas intentando conjuntamente discutir leyes o definiendo políticas públicas? Tan solo mencionarlo suena complejo e incluso caótico. Pero en tiempos donde la ciudadanía tiene más formación, quiere ser considerada y tener un mayor protagonismo en la toma de decisiones, existen mecanismos de participación directa y democrática que otorgarían espacios a la ciudadanía que hoy no existen. Uno de estos mecanismos es la “Iniciativa Ciudadana”.

Una Iniciativa Ciudadana es la capacidad legal (es decir el derecho) de la ciudadanía de levantar proyectos de ley y que estos sean discutidos en el Congreso, tal cual la capacidad que tienen nuestros representantes (Presidente, Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas).

Este Mecanismo lo encontramos en distintos países del mundo (Suiza, Reino Unido, Ecuador, Uruguay, Argentina, España, Alemania, Francia, Colombia,  entre otros) en distintas formas. En la mayoría de los países donde este derecho esta consagrado en la Constitución, la lógica es similar: un conjunto de ciudadanos y ciudadanas solicita levantar una moción (idea de legislar), luego esta pasa por exactamente los mismos procesos que pasaría una moción levantada, por ejemplo, por una Diputada electa, pero con la diferencia de que los plazos son más acotados (gozan de mayor celeridad por su origen ciudadano). Una vez aprobada dicha idea, se otorgan plazos de hasta 12 meses para juntar una cantidad de firmas (también establecida por ley) de ciudadanos y ciudadanas legalmente en orden, para avanzar a la Cámara a su correspondiente votación y así todo el proceso hasta transformarse en Ley, pero no cualquier ley, sino una ley que viene directamente desde la ciudadanía. A modo de dato, en el Reino Unido, este derecho puede ser ejercido por una sola persona con ciudadanía.

En Chile, el Despertar o Estallido Social ha dejado en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de la ciudadanía de ser considerada directamente en la toma de decisiones, además de la deslegitimación de los partidos políticos y el escaso entendimiento de la clase política (quienes toman las decisiones) de las problemáticas que afectan directamente a las personas (no solo a quienes tienen ciudadanía) en el día a día. Estas problemáticas han sido investigadas y denunciadas durante años por ciudadanas y ciudadanos de a pie, como también por Universidades, Centros de Estudios y Organizaciones de la Sociedad Civil de todo tipo, las cuales no tienen ningún tipo de injerencia real en la toma de decisiones y el direccionamiento de la sociedad, pues a nivel de derecho, más allá de los COSOC que la Ley 20.500 establece, no existen mecanismos de consideración para abordar los planteamientos de dichas instituciones u organizaciones, quienes además de tener la experiencia del día a día (como es el caso de los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones de base), cuentan con estudios confiables respecto a diversas temáticas y problemáticas sociales, en otras palabras tienen mayor certeza y argumentos para impulsar proyectos de ley en pos del bien común.

Entonces ¿Necesitamos consagrar la Iniciativa Ciudadana como un derecho constitucional? La respuesta es sí, porque necesitamos una democracia donde la interacción entre las personas, las organizaciones e instituciones sea más eficiente y qué mejor forma de lograr eso que abriendo espacios de participación directa con mecanismos claramente establecidos, los cuales consideren la voz ciudadana, pero con fuerza de ley.

Además, en ningún caso otorgar este derecho es menoscabar la democracia, por el contrario, es avanzar hacia una democracia mas equitativa, moderna y participativa. Consagrar la Iniciativa Ciudadana como un derecho constitucional, es una deuda para con la Sociedad Civil… ¡es un deber de nuestra Democracia!

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